La Abogacía Española ha solicitado al Ministerio de Hacienda que, en el marco de las modificaciones que a nivel europeo se están estudiando en la Directiva del IVA, el Gobierno reclame una aplicación de tipos reducidos para los servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje. La demanda obedece al criterio de que “los particulares no deben seguir cargando con el coste del IVA en este tipo de servicios, pues supone un importante agravio frente a las empresas, que siempre han podido amortiguarlo en su contabilidad”.
Según señalan desde el Consejo General de la Abogacía Española, y ante el previsible incremento de la litigiosidad que se originará como consecuencia de la crisis económica derivada de la Covid-19, “esta reducción del IVA para las personas físicas iría en línea con la recomendación efectuada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el mes de julio”. Este organismo, recuerda el Consejo, expone en un informe que los tipos reducidos del IVA deben dirigirse y tener como objetivo “facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos”.
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