La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados, reunida en fecha 8 de abril por vía telemática, ha acordado, tal y como ya avanzó el decano Martin Aleñar en su escrito del pasado 1 de abril, insistir en exigir de los poderes públicos que hagan extensivas a los abogados y abogadas mutualistas todas y cada una de las medidas de apoyo social y económico aprobadas para los autónomos a fin de paliar los efectos del COVID-19.

Por ello, la Junta de Gobierno se adhiere a cuanta iniciativa ha adoptado y pueda adoptar en este sentido el Consejo General de la Abogacía Española, “en aras de acabar con la actual situación discriminatoria y de exigir la igualdad de trato entre los abogados adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que sí están incluidos expresamente en las medidas – aún insuficientes-acordadas por el Gobierno, y quienes lo están en una mutua profesional de la abogacía”. Una reivindicación a la que ya se han sumado también diferentes agrupaciones de abogados de todo el país.

La Junta de Gobierno considera que las circunstancias adversas generadas por el COVID-19 y las restricciones que sobre la actividad profesional se derivan del estado de alarma, son idénticas para el conjunto de los abogados, con independencia del régimen al cual se esté inscrito, por lo que considera de justicia que, en consecuencia, unos y otros obtengan idéntico trato por parte de las administraciones públicas, estatales y autonómicas.

Estas reivindicaciones han sido trasladadas por escrito al Govern por el decano, quien, además, indica que las medidas de apoyo para los autónomos, aún siendo un paso importante, se consideran “insuficientes o de aplicación en exceso limitada”, por lo que se solicita, además, y entre otras cuestiones, que los poderes públicos analicen la posibilidad de exonerar del pago de la cuota a la seguridad social a todos los autónomos, al menos durante la vigencia del estado de alarma; que se reduzca de forma notable, para autónomos y mutualistas, el porcentaje de descenso de actividad que les permita acceder a la prestación extraordinaria y a otro tipo de medidas; y que los gobiernos nacional y autonómico incluyan a la abogacía en las líneas de ayuda o apoyo financiero para poder hacer frente a los costes del ejercicio profesional.

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