Adjuntamos al final de estas líneas la carta que, en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno del ICAIB, ha remitido el decano a la consellera de Salud, Patricia Gómez, para solicitar la pronta inclusión, en los protocolos de vacunación, de los abogados y abogadas que integran el servicio de guardia y dan cobertura a los servicios esenciales de asistencia al detenido, atención a las víctimas de violencia de género, inmigrantes en situación irregular y a quienes forman parte del servicio de orientación jurídica penitenciaria.
En su escrito, que parte del máximo respeto que merecen las prioridades ya fijadas, “por cuanto se trata de los colectivos más expuestos al contagio o de los más vulnerables a los peores efectos de las dolencias provocadas por la COVID-19”, el decano expone la necesidad de que las autoridades sanitarias consideren la inclusión de los letrados y letradas de guardia en el calendario vacunal, en un nivel o grupo que bien podría “asimilarse / equipararse” al de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que, indica, “no debe de olvidarse que la defensa de las personas detenidas, de la población reclusa y de las víctimas de la violencia de género constituye un servicio esencial de nuestro Estado de Derecho y que los más de 600 profesionales que lo prestan en las islas, integrados en servicios de guardia las 24 horas de los 365 días del año, registran un alto nivel de interacción en primera línea y, en consecuencia, integran un colectivo expuesto al virus en el desempleo de las funciones de defensa que tienen atribuidas”.
