En aras de garantizar el superior interés del menor en todas las fases de un procedimiento, antes de que un Estado miembro dicte una decisión de retorno de un menor no acompañado, deberá de comprobar que en el país de retorno hay disponible una acogida adecuada para el menor.

Así de claro se expresa el TJUE al pronunciarse sobre una cuestión planteada por un tribunal neerlandés sobre la distinción que, respecto de las decisiones sobre menores no acompañados, realizan los Países Bajos entre los menores no acompañados de menos de 15 años y los que superan esa edad.

“Cuando un Estado miembro pretende dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado con arreglo a la Directiva sobre el retorno, debe tener necesariamente en cuenta el interés superior del niño en todas las fases del procedimiento, lo que implica hacer una apreciación general y exhaustiva de la situación de este menor”.

Según el Tribunal de Justicia, “el hecho de que el Estado miembro de que se trate adopte una decisión de retorno sin haberse asegurado previamente de la existencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno tendría como consecuencia que, a pesar de haber sido objeto de una decisión de retorno, ese menor no podría ser expulsado si no existe dicha acogida. El menor de edad se encontraría así en una situación de gran incertidumbre en cuanto a su estatuto jurídico y a su futuro, en particular en cuanto a su escolarización, a su relación con una familia de acogida o a la posibilidad de permanecer en el Estado miembro de que se trate, lo que sería contrario a la exigencia de proteger el interés superior del niño en todas las fases del procedimiento. De ello se deduce que, si no se encuentra disponible una acogida adecuada en el Estado de retorno, el menor de que se trate no puede ser objeto de una decisión de retorno”.

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