El Ministerio de Justicia ha estimado el recurso que presentó el Consejo General de la Abogacía Española a raíz de que el ministerio exigiera al Consejo y al Colegio de Abogados de Madrid la devolución de parte de los honorarios – concretamente 591.297 euros-, que recibieron los abogados del Turno de Oficio del caso Gürtel.

Según informa Abogacía Española en un comunicado hecho público en fecha 18 de diciembre de 2019, “el ministerio reconoce en su escrito que a la hora de reclamar dichas cantidades no siguió el cauce legalmente establecido para completar un expediente de reintegro de subvenciones”. Justicia, señala el Consejo, no inició el expediente formalmente, no completó una fase de investigación, no comunicó una propuesta de resolución provisional a los interesados y no abrió el obligado plazo de alegaciones para que los perjudicados pudieran defender su posición. “Es decir – añade- incumplió sistemáticamente todos y cada uno de los pasos del procedimiento administrativo en un Estado de Derecho”.

Es más, indican desde Abogacía Española, el escrito estimatorio del ministerio “admite que, para garantizarse la consecución de sus objetivos -obtener la devolución de los honorarios- incumplió su obligación de abonar en plazo el pago de la subvención de la Justicia Gratuita correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018”. El Consejo recuerda en este sentido que Justicia sólo liberó ese dinero una vez que el Consejo y el Colegio de Madrid hicieron efectiva la devolución de las cantidades reclamadas, por lo que, añaden, el departamento de Justicia “reconoce así oficialmente que instrumentalizó el pago del turno ordinario de la Justicia Gratuita para obtener los resultados pretendidos en otro asunto que no guardaba ninguna relación con el mismo”.

El Convenio del caso Gürtel, firmado entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid, tenía por objeto mejorar las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio a los que les correspondió la causa por tratarse de un asunto de especial complejidad y dedicación. La fórmula, suscribir un convenio específico, era la misma que se había utilizado anteriormente con los abogados de oficio a quienes correspondió la defensa de los encausados en el caso del 11-M.

Ahora, en base a la admisión de este recurso, el Consejo General de la Abogacía Española reclamará la devolución de las cantidades entregadas al Ministerio y que se inicie la instrucción del expediente para que se completen todos y cada uno de los trámites establecidos por la ley.

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