El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, reunido hoy 13 de diciembre en Madrid, ha acordado solicitar la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su “enfrentamiento con el conjunto de la Abogacía”.

Según ha hecho público el Consejo, los consejeros y consejeras han puesto de manifiesto “la importancia de que el candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno sepa que cuenta en su Gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan”.

Asimismo, en la reunión plenaria, a la que ha asistido, como consejero, el decano del ICAIB, Martín Aleñar, ha acordado emprender acciones legales contra el ministerio para reclamar el pago de la totalidad de los servicios que los abogados y abogadas del Turno de Oficio prestaron por designación judicial el pasado mes de octubre, pese a que con posterioridad no se reconociera el beneficio de justicia gratuita de los encausados.

El Pleno del Consejo se ha mostrado confiado en que “la Justicia resolverá más pronto que tarde en favor de los abogados y abogadas pues está fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez”.

Lograr que el ministerio asuma el pago de todos los asuntos que llevan a cabo los abogados y las abogadas del turno de oficio, con independencia de que, posteriormente, el encausado o defendido obtenga o no el beneficio de la asistencia jurídica gratuita es, precisamente, tal y como expuso el decano Martín Aleñar durante la asamblea informativa celebrada en la sede del ICAIB el 9 de diciembre, el objetivo que se han marcado el Consejo General de la Abogacía Española y todos los colegios de abogados del llamado territorio común para poner fin “a una situación injusta que se prolonga ya durante mucho años”, como es el de las intervenciones profesionales de oficio que se llevan a cabo a requerimiento judicial y en las designaciones provisionales sin reconocimiento final del beneficio a justicia gratuita, y que la mayor parte de las veces el abogado no llega a cobrar por haberse denegado o archivado, con posterioridad a su intervención, el derecho a la asistencia jurídica gratuita de su defendido/a.

Así, durante dicho encuentro, tanto el decano como Carmen López, responsable del Turno de Oficio en el ICAIB, insistieron en que la idea de que “en vez de dejar en manos de los letrados la reclamación de sus honorarios al cliente al que se ha denegado el beneficio de la justicia gratuita, es el ministerio de Justicia quien debiera adelantar el pago de estos asuntos a los abogados y, en su caso, activar los distintos mecanismos de los que dispone el Estado para exigir al cliente la devolución o reintegro de dicho importe a las arcas estatales·.

El decano afirmó que ésta será la batalla de la abogacía en cuanto se forme el nuevo gobierno y que, de no producirse avances en tal sentido, no se descarta la convocatoria de posibles movilizaciones. “Lo que no puede ser es que el abogado trabaje gratis ni que se cargue sobre estos profesionales el coste del servicio público de justicia gratuita”.