Conseguir que el ministerio asuma el pago de todos los asuntos que llevan a cabo los abogados y las abogadas del turno de oficio, con independencia de que, posteriormente, el encausado o defendido obtenga o no el beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Este es el objetivo que se han marcado el Consejo General de la Abogacía Española y todos los colegios de abogados del llamado territorio común para poner fin a una situación injusta que se prolonga ya durante mucho años, como es el de las intervenciones profesionales de oficio que se llevan a cabo a requerimiento judicial y en las designaciones provisionales sin reconocimiento final del beneficio a justicia gratuita, y que el abogado no llega a cobrar por haberse denegado o archivado, con posterioridad a su intervención, el derecho a la asistencia jurídica gratuita de su defendido/a.

Así lo han expuesto el decano y la responsable del turno de oficio del ICAIB, Martín Aleñar y Carmen López, en la reunión mantenida con los colegiados adscritos al turno de oficio en fecha 9 de diciembre de 2019. Ambos han insistido en que, en vez de dejar en manos de los letrados la reclamación de sus honorarios al cliente al que se ha denegado el beneficio de la justicia gratuita, es el ministerio de Justicia quien debiera adelantar el pago de estos asuntos a los abogados y, en su caso, activar los distintos mecanismos de los que dispone el Estado para exigir al cliente la devolución o reintegro de dicho importe a las arcas estatales.

El decano ha afirmado que ésta será la batalla de la abogacía en cuanto se forme el nuevo gobierno y que, de no producirse avances en tal sentido, no se descarta la convocatoria de posibles movilizaciones. “Lo que no puede ser es que el abogado trabaje gratis ni que se cargue sobre estos profesionales el coste del servicio público de justicia gratuita”.
Durante el encuentro Carmen López dio cuenta asimismo de la reunión mantenida el día 4 de diciembre con altos mandos de la guardia civil en Baleares a fin de tratar sobre las quejas de los colegiados por las llamadas nocturnas que se realizan en algunos cuarteles para atender a detenidos que, al no ser puestos a disposición judicial hasta el día siguiente, no precisan de tal asistencia inmediata.

En este sentido, Carmen López expuso la buena predisposición del alto mando de la Guardia Civil en aras de solucionar tales incidencias.