Se adjunta al final de estas líneas la Orden del ministerio de Justicia por la que se aprueba el esquema de seguridad laboral y plan de desescalada para la administración de Justicia ante el COVID-19, un programa de actuación que contempla cuatro fases y el transcurso de al menos tres semanas, desde el martes 12 de mayo, para entrar en la fase 3 que el ministerio ha denominado “Actividad ordinaria con plazos procesales activados”.
La disposición prevé la reincorporación escalonada al servicio de los funcionarios judiciales a partir del martes 12 de mayo, de forma que en la primera fase, que el ministerio ha bautizado como “Inicio de la reincorporación programada”, y que durará al menos una semana, lo hará entre un 30 y un 40% de la plantilla.
En la segunda fase de “Preparación para la reactivación de los plazos procesales”, con una duración mínima de dos semanas, se prevé que cada órgano o servicio cuente ya con entre el 60 y el 70 por cien de la plantilla.
En la tercera fase, o fase de “Actividad ordinaria con plazos procesales activados”, “acudirá a cada centro de trabajo el 100% de los efectivos que presten servicio en ellos, en turnos de mañana y tarde, si así se establece”. Nada más se dice en la Orden del desarrollo de esta fase, de la que la norma pasa a la 4 o fase de “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”, que, señala, “Comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitiendo que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano”.
Orden