Se adjunta al final de estas líneas el Real Decreto 63/2026, de 4 de febrero, que aprueba el pago de la asistencia jurídica gratuita para el año 2026, así como el de los meses pendientes de 2025, y que incorpora algunas novedades de interés.
Entre ellas, el Real Decreto contempla la cobertura económica para el pago de “La asistencia gratuita de profesional de la abogacía en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias permitidos por la ley que tenga por objeto dar cumplimiento al requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 (…), cuando en el eventual proceso judicial la intervención de este profesional sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria actúe con él”.
Aun cuando la concreción de esta y otras cuantías está pendiente de un desarrollo reglamentario que, según indica Abogacía Española, se tramitará de forma urgente, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sí informa en su web que, además, “cuando los procedimientos terminen con acuerdo, los letrados del turno de oficio cobrarán el 125% de la cuantía establecida en el Reglamento para ese supuesto”.
Asimismo, y con independencia de los recursos para litigar, el texto del RD prevé que “cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental (…)”, la asistencia jurídica gratuita “comprenderá el asesoramiento y la orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella”.
Además, el Ministerio y el Consejo General de la Abogacía Española han acordado que en el reglamento se incrementarán el baremo correspondiente al procedimiento penal general en todo el territorio Ministerio y el relativo al procedimiento penal de especial complejidad.
La publicación del RD se ha producido apenas unos días después de la reunión mantenida por el presidente del CGAE, Salvador González, y el ministro Félix Bolaños. Al final de este encuentro, Salvador González indicó que si bien estas mejoras “son un avance”, “se seguirá trabajando para que aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la abogacía española”, entre las que señala el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, mayor agilidad en los pagos, más especialización y extensión de los servicios, la desaparición de las brechas territoriales y la incorporación de garantías de abono para todas las actuaciones prestadas”.
BOE-A-2026-2619