El pasado 3 de julio, el decano y la vicedecana del ICAIB denunciaron en rueda de prensa el deterioro progresivo de las condiciones en las que los profesionales adscritos al turno de oficio y al servicio de asistencia letrada al detenido se ven obligados a realizar su trabajo, así como el “maltrato institucional y económico al que es sometida la abogacía de oficio por parte de unos poderes púbicos que hacen oídos sordos a sus justas reivindicaciones ni atienden las mejoras que precisa el servicio”.

Tras explicar que la demanda ciudadana de justicia gratuita continua creciendo de forma exponencial y que en 2025 volvió a batir su propio récord, Martín Aleñar y Carmen López indicaron que, en cambio, el goteo de bajas de profesionales en el servicio del turno de oficio es constante, como consecuencia, consideraron, del empeoramiento de las condiciones en las que prestan su labor.

En ese sentido, recordaron que los profesionales del turno llevan décadas soportando unas “ínfimas retribuciones que, con frecuencia, llegan tarde y mal” y que, además, no son iguales en todo el territorio; que llevan años aguantando que no se les pague actuaciones imprescindibles para la defensa de los usuarios, por las que, sin embargo, no perciben cantidad alguna, al no estar incluidas en el baremo de pago del Ministerio; y años haciendo frente a una creciente carga burocrática “y a nuevas exigencias y/o responsabilidades a cambio de absolutamente nada”. Pero, sobre todo, comentaron, asisten con tristeza al abandono de los justiciables por parte de esos mismos poderes públicos.

Un ejemplo claro se las nuevas funciones que ha de asumir la abogacía de oficio y que, a juicio de Carmen López, “puede ser lo que ha puesto la puntilla” es el hecho de que el Ministerio condicione el pago del trabajo letrado en el proceso de negociación previa extrajudicial en los MASC a que este proceso cristalice en acuerdo, o que el Estado no haya sido capaz, más de un año después, de habilitar una fórmula para que los usuarios de justicia gratuita puedan acceder, sin coste, a uno de esos métodos alternativos de solución de controversias. Algo que la vicedecana calificó de “un nuevo desprecio de la administración a la ciudadanía más vulnerable y a la abogacía que garantiza la igualdad de todas las personas ante la Justicia”.

Tanto el decano como la vicedecana de la abogacía balear consideran que el goteo de bajas que se produce en el número de letrados adscritos al turno de oficio es “un indicador clarísimo de que hay que adoptar medidas urgentes para garantizar la estabilidad futura del sistema”.

Para ello, constatan la necesidad de dotar a la asistencia jurídica gratuita de un nuevo marco normativo “que adapte el servicio a los cambios sociales y legislativos producidos desde la aprobación de la primera ley, hace ahora 30 años; que reconozca, como se merecen, a los profesionales del turno de oficio; que establezca unas remuneraciones y unas condiciones de trabajo dignas; que refuerce las garantías de los ciudadanos y dé respuesta a todos los colectivos vulnerables; que acabe con las diferencias territoriales que, hoy por hoy, se producen en la prestación del servicio entre unas comunidades y otras; y que garantice una financiación suficiente, adecuada y estable que asegure la sostenibilidad del sistema”. “En definitiva, que haga justicia con los abogados del turno de oficio y con los ciudadanos a los que defienden”, ha concluido Martín Aleñar.