Los más de 750 abogados adscritos en las islas a los servicios del Turno de Oficio y de la Asistencia Letrada al Detenido (ALD) han atendido en el primer semestre del año un total de 20.548 solicitudes de asistencia jurídica gratuita (12.716 en el TO y 7.832 en ALD), mientras que en 2017 superaron los 44.000 expedientes, lo que supone que la abogacía balear atiende una media de entre 114 y 121 solicitudes de justicia gratuita cada día, más de 3.400 al mes.
Estos datos, que fueron dados a conocer el 3 de julio en rueda de prensa, evidencian, a juicio del decano del ICAIB, que “si el sistema de justicia gratuita funciona de forma eficaz en este país e, incluso, es alabado dentro y fuera de nuestras fronteras, es gracias al compromiso y la dedicación que los abogados de oficio ponen cada día, en cada cliente y en cada asunto”.

Un esfuerzo que, sin embargo, insiste en denunciar Martín Aleñar, es “despreciado” por los poderes públicos, menosprecio del que, a su juicio, son un claro ejemplo las “exiguas retribuciones con la que los sucesivos gobiernos pagan a estos profesionales”.

Por ello, desde el ICAIB se insta al nuevo gobierno a que “acabe, de una vez por todas, con la injusticia que, desde hace más de 20 años se está cometiendo con este colectivo” y exige, “no solo que se mantengan, sino que se mejoren sustancialmente” los compromisos de aumento del baremo, que se contemplen actuaciones ahora no incluidas en los pagos y que se establezcan los mecanismos que garanticen que el letrado pueda cobrar el trabajo previo que haya podido realizar en la defensa de usuarios a los que luego se les deniega el beneficio de la Justicia Gratuita”. También, ha detallado en este caso la letrada Carmen López, se espera del ministerio que durante este verano se regularicen los abonos pendientes a fin de que, ya en este año se cumpla con el compromiso del pago mensual de los asuntos del TO.

Asimismo, se exhorta a los poderes públicos a que pongan fin a las desigualdades territoriales que permiten que un abogado de oficio del territorio común cobre hasta tres y cuatro veces menos que lo que percibe, por el mismo trabajo, un letrado de las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia, y a que se tengan en cuenta en baremo las particularidades de la insularidad.

En definitiva, “a que se haga justicia con los letrados y las letradas del Turno de Oficio” y a que “se cumpla el espíritu de la propia Ley de asistencia jurídica gratuita”, una norma que en su exposición de motivos señala que este servicio debe ser digna y suficientemente remunerado.

Todo ello demuestra, a juicio del decano de los abogados, “que la vocación por la igualdad en el acceso a la Justicia y un firme compromiso social son los motores de una abogacía que constituye el mejor exponente de la función social asignada a nuestra profesión”.