En fecha 11 de septiembre de 2025, los miembros del Pleno del Consell de Mallorca han aprobado por unanimidad una moción en la que se reconoce la labor que llevan a cabo los profesionales del turno de oficio en las islas y que recoge las reivindicaciones históricas del colectivo.

La sesión plenaria ha contado con la intervención previa de la vicedecana del ICAIB, quien ha sido invitada a exponer las principales reclamaciones de los letrados del turno y ha puesto de manifiesto la preocupación de los profesionales que prestan este servicio por el “serio riesgo de exclusión de la Justicia” que se cierne sobre los beneficiarios de la justicia gratuita por las dificultades que presentan para cumplir con el obligado requisito de procedibilidad establecido en la Ley 1/2025 y en vigor desde el 3 de abril de 2025. En este sentido, Carmen López González ha reiterado la denuncia de la abogacía en el sentido de que en estos cinco meses de vigor de la medida, el Ministerio de Justicia no ha previsto ningún sistema para que los justiciables puedan acceder a alguno de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) sin coste alguno para ellos ni ha establecido en baremo ninguna cantidad para compensar a los letrados del turno en caso de que sean ellos quienes asuman el proceso de negociación previa.

La moción, que ha sido presentada por el grupo del Partido Popular y que ha recibido el respaldo unánime del resto de los grupos de la institución (El PI-Proposta per les Illes, Grup Socialista, Més per Mallorca y Vox Mallorca), contiene cuatro acuerdos en los que, además de agradecer “el compromiso de la abogacía de oficio con la defensa y la garantía de los derechos de los colectivos más vulnerables, se insta al Ministerio a:

• garantizar una dotación económica suficiente y estable para el servicio de justicia gratuita, que cubra todas las actuaciones desde el momento en el que el letrado asume la defensa y que incluya el asesoramiento previo, los actos de negociación extrajudicial y cualquier intervención profesional exigida legalmente;

• habilitar con carácter urgente un sistema que garantice el acceso a los MASC sin coste alguno para las personas beneficiarias de la justicia gratuita; y

• corregir el agravio comparativo entre comunidades autónomas y actualizar los baremos económicos, así como establecer uno específico para las nuevas exigencias derivadas de la Ley 1/2025.