En fecha 4 de diciembre de 2024 ha entrado en vigor la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que refuerza el derecho de los ciudadanos a contar con un abogado en procesos judiciales y que define con mayor claridad los derechos y deberes de los profesionales de la Abogacía.
La norma incluye, entre otras muchas cuestiones, la “reserva de actividad” para proteger contra el intrusismo y establece el “amparo colegial”, que permite a los Colegios de la Abogacía proteger a sus miembros cuando su independencia o respeto sean vulnerados.
Además, la ley autoriza a los Colegios a fijar criterios orientativos de honorarios para el cálculo de costas procesales y fortalece el secreto profesional, delimitando claramente la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados.
BOE-A-2024-23630-consolidado