Ante los graves efectos que sobre el funcionamiento del servicio público de la Justicia está provocando la huelga indefinida que, desde el pasado 24 de enero, mantienen los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), el decano del ICAIB vuelve a instar públicamente al Comité de huelga y al Ministerio de Justicia a explorar todos los posibles canales de comunicación y a reanudar las negociaciones con la mayor celeridad, a fin de acercar posturas que permitan llegar a un acuerdo y acabar con un conflicto que hoy martes inicia su quinta semana.
Desde el máximo respeto que, como no puede ser de otro modo, merece el derecho fundamental a la huelga, el decano pone de manifiesto la profunda preocupación de la abogacía por las gravísimas consecuencias que, tanto entre los operadores jurídicos, como, sobre todo, en la ciudadanía, está provocando un conflicto que ya ha paralizado miles de juicios y de actos procesales en todo el país y que mantiene bloqueados buena parte de los pagos y las transferencias procedentes de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, con los perjuicios que todo ello está generando entre quienes solicitan el amparo de la Justicia y aspiran a una pronta y justa reparación de sus derechos y legítimos intereses.

Ello, sin olvidar la pérdida de tiempo y los contratiempos que supone para operadores jurídicos y ciudadanos desplazarse a los juzgados y tribunales y, una vez allí, ser informados de que el acto judicial concreto ha sido suspendido.

Por todos estos motivos, y en aras de poder recuperar cuanto antes el normal funcionamiento de la actividad judicial, Martín Aleñar reitera su llamamiento a las partes para que retomen de forma inmediata las negociaciones y les insta a mantener, si hace falta de forma ininterrumpida, un diálogo constructivo y efectivo con el que poner fin a la huelga.

Por último, el decano insta a los letrados de la Administración de Justicia a seguir la última recomendación realizada por el Comité de huelga, en el sentido de que “dadas las circunstancias de la huelga indefinida” y “los perjuicios causados a los ciudadanos y demás operadores jurídicos”, expidan los mandamientos de pago o transferencia relativos a las pensiones de alimentos de menores de edad, así como que, “en la medida de lo posible”, avisen “de las previsibles suspensiones a los profesionales con el fin de evitar desplazamientos innecesarios».