El Consejo General de la Abogacía Española ha expresado en un comunicado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Justicia de subir, en 2024, un 5 % los baremos/indemnizaciones por la prestación de la asistencia jurídica gratuita en el llamado “territorio común”.
Abogacía considera que el aumento contemplado en el proyecto de orden ministerial “es del todo insuficiente” y reitera la demanda formulada durante las conversaciones con el departamento que dirige Pilar Llop: que la subida se adecue a la evolución del IPC desde la última revisión, en 2018, y que se modifique para incluir intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas.
En este sentido, el Consejo recuerda que el incremento de los precios desde 2018 ronda el 17%, muy lejos, por tanto, de la oferta ministerial que, añade, también se aleja considerablemente de los aumentos retributivos que se han acordado para otros colectivos profesionales.
La Abogacía Española aprovechará el trámite de alegaciones al proyecto de orden, además de para reclamar una mayor subida de los baremos, para instar una revisión del catálogo de las intervenciones profesionales que son objeto de indemnización. Entre ellas, este organismo señala el pago por los servicios prestados a personas jurídicas en proceso penal, las reconvenciones, las ejecuciones de sentencias, la presentación de un número más amplio de recursos, la participación del profesional en calidad de mediador y contador-partidor, o los gastos de desplazamiento en las guardias al detenido.