En fecha 20 de marzo, responsables de la Junta de Gobierno del ICAIB ofrecieron una rueda de prensa para manifestar públicamente el malestar de los abogados y las abogadas del Turno de Oficio por los “incumplimientos reiterados” del ministerio de Justicia”, institución a la que se exige no solo el pago inmediato de los meses que se adeudan a estos profesionales y el abono mensual puntual de las siguientes mensualidades, sino también que se reanuden las negociaciones para avanzar en la mejora de los baremos de pago y, sobre todo, en el reconocimiento que merecen “quienes al fin y al cabo garantizan, en unas condiciones excelentes y de gran calidad, la defensa de las personas más vulnerables”.

La responsable de la Comisión del Turno de Oficio del ICAIB, Carmen López, y los abogados Javier Fernández y Miquel Font, en Palma, y la abogada Eva Cardona en Ibiza, recordaron durante su intervención en rueda de prensa que desde noviembre de 2018 los letrados del Turno de Oficio no han percibido ni un solo euro por el trabajo realizado y que en menos de seis meses es la segunda vez que se incumple con dichos pagos, “pese al compromiso de que no volvería a ocurrir”. No obstante, señalaron, el retraso en los pagos no es el único motivo de preocupación entre los abogados de oficio, que también exigen que se acabe con las desigualdades territoriales que ahora mismo permiten que los letrados del turno de oficio de las comunidades del territorio común cobren hasta tres y cuatro veces menos de lo que cobran los abogados de otras CC.AA con competencias en Justicia, y, sobre todo, que se avance en el reconocimiento que se debe a los abogados que hacen posible que el sistema de justicia gratuita funcione de forma eficaz en nuestro país”. “Queremos el reconocimiento de nuestros letrados porque les exigimos mucho para ser abogados de oficio, porque prestan un servicio público de primer orden en condiciones de gran calidad y porque merecen un trato digno”, afirmó Carmen López, quien insistió en que los poderes públicos “han de poner fin a la falta de atención a las necesidades de la Justicia en general y de la abogacía en particular”.

Concentraciones de protesta y posibles paradas de servicio

Por todos estos motivos, el Colegio de Abogados plantea la adopción de una serie de medidas de protesta que se iniciarán el próximo día 26 de marzo, jornada en la que se ha convocado una concentración que tendrá lugar, a las 13:30 horas ante los Juzgados de Sa Gerreria, en el caso de Mallorca, y ante los juzgados de Mahón, en Menorca. En Ibiza, los letrados asistentes a la asamblea celebrada el martes 19 en ICAIB, han descartado, por el momento y por amplia mayoría, la realización de concentraciones.

No se descarta tampoco llevar a cabo, más adelante, de posibles paros parciales del servicio, cuya realización dependerá tanto de las acciones que puedan decidir los decanos de los colegios de abogados del llamado territorio común durante el encuentro que se celebrará en el Consejo General de la Abogacía el día 29 de marzo, como, sobre todo, de la respuesta que pueda ofrecer el ministerio a las reivindicaciones del colectivo. Aun cuando está por determinar la organización de dichas movilizaciones, la idea es que en una primera fase afecten, en días pendientes de fijar, a los señalamientos en los que haya intervención de letrado del turno de oficio, salvo en causas con preso, mientras que en una segunda etapa podría plantearse la realización de paros, durante un intervalo temporal determinado por la mañana, en el servicio de guardia, con excepción de las asistencias en asuntos de violencia de género y menores.

Preocupación en Ibiza por la paralización de la actividad judicial

En Ibiza, Eva Cardona se refirió asimismo a la preocupación de la abogacía por la situación que se está viviendo en el partido judicial de Ibiza como consecuencia del incendio registrado el pasado 21 de enero en el edificio de los juzgados de la avenida Isidoro Macabich, que ha supuesto la paralización de la mayor parte de la actividad judicial en la jurisdicción penal.

La abogada afirmó que, aun cuando es justo reconocer el gran esfuerzo realizado por los poderes públicos y los agentes implicados en la reubicación provisional de los juzgados afectados, “la realidad es que la deficiencia o limitación del espacio no permite, hoy por hoy, poder retomar en condiciones la tramitación de los asuntos y ahonda en situaciones preocupantes como el hecho de que las mujeres víctimas de la violencia machista tengan que esperar coincidiendo en un espacio reducido con sus presuntos agresores”.

Por ello, instó a los poderes públicos a que “provean con urgencia los medios que sean necesarios que permitan, no solo disponer de unos espacios dignos, sino también reactivar la actividad juridicial, lo más rápidamente posible y, sobre todo, antes de que se inicie la temporada turística, dado el aumento que en esos meses suele producirse en los casos con incidencia penal”.