Cinco asociaciones de jueces y fiscales (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), han convocado huelga para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por los proyectos de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

De este modo, la protesta, que afectará al normal funcionamiento de juzgados y tribunales, se mantiene en firme, pese al acuerdo unánime del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el que se señala que “el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo (…).

SERVICIOS MÍNIMOS

Las cinco asociaciones informan que, aun cuando ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Ministerio, ni la Fiscalía General del Estado han fijado servicios mínimos, el Comité de Huelga ha establecido los siguientes supuestos o criterios asimilables a servicios mínimos:

1.En el servicio de guardia: las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes, el levantamiento de cadáver, las entradas y registros y la conservación de datos de operadores telefónicos. No se consideran servicios mínimos de guardia los juicios inmediatos de delitos leves, ni los juicios rápidos por delito sin detenido.

2. En el orden penal: las actuaciones en causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial y las medidas cautelares personales.

3. En el orden contencioso-administrativo, orden social y mercantil: medidas cautelarísimas.

4. En el orden de menores: la adopción de medidas cautelares.

5. En el orden de Familia: medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad, internamientos involuntarios, procedimientos del art. 156 y 158 del Código Civil, sustracción de menores (art. 778 quater y siguientes LEC), internamientos de menores (art. 778 bis LEC), ejecución de medidas de protección de menores (art. 778 ter LEC), medidas cautelares del art. 762 LEC y actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspender con antelación.

6. En el orden civil: medidas provisionales causantes de perjuicio irreparable, decisiones sobre suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad y procedimiento de donación de órganos de donantes vivos (art. 78 y ss LJV).

7. En el orden de Violencia de Género: actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspender con antelación y las órdenes y medidas de protección, regularización de situación personal de detenidos, actuaciones en causas con preso, medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad, procedimientos de los art. 156 y 158 del Código Civil y actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no se puedan suspender con antelación.

8. En el orden de Vigilancia Penitenciaria: resoluciones relativas a las penas privativas de libertad y la resolución de las peticiones o quejas de los internos cuando afecten a derechos fundamentales.

9. Decanos: el reparto de los asuntos urgentes que puedan causar perjuicio y el servicio continuado de guardia.

LLAMADA AL DIÁLOGO
La convocatoria de huelga y la posibilidad de que ésta sea, además, el inicio de “un rosario de protestas y paros que podrían sumir de nuevo a la Justicia española en la parálisis”, genera mucha preocupación en el Consejo General de la Abogacía Española, organismo que reclama a las partes que reanuden el diálogo para encontrar una solución que evite “las nefastas consecuencias de la huelga”.

“La Abogacía – se dice en una declaración institucional- reclama sensatez y empatía con las decenas de miles de profesionales y ciudadanos que (…) van a ver atropellado su derecho a una tutela judicial efectiva en un plazo razonable. Son muchos los profesionales de la abogacía y los ciudadanos que se desplazan diariamente para actuaciones judiciales y vistas y por eso reclamamos que, en caso de que se llegue finalmente a la huelga, se proceda con sensibilidad y respeto para tratar de minimizar los daños”.