Se adjunta al final de estas líneas la declaración institucional aprobada el 15 de marzo de 2024 en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en la que, a raíz de la información publicada en varios medios y del comunicado emitido por la Fiscalía provincial de Madrid en relación con la denuncia que ha interpuesto contra un investigado, exige el máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad.
En su declaración se indica que “La difusión del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, intercambiadas entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado supone una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes que este Pleno rechaza y condena” e insta a que tales hechos “sean objeto de investigación para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda”.
Declaración institucional