El Consejo General de la Abogacía ha remitido al ministerio de Justicia sus alegaciones al Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal, haciendo especial hincapié en la exclusión de la intervención del abogado en el procedimiento para microempresas, a la que se opone frontalmente, por cuanto considera que dicho procedimiento, “que incluiría a un colectivo tan vulnerable como los autónomos, podría generar indefensión al deudor, así como un perjuicio para personas con menos recursos, ya que, sin ser preceptiva la presencia de un abogado, no tendrían derecho a la justicia gratuita”.
Además, y entre otras cuestiones, la abogacía manifiesta también su preocupación “por las restricciones que contempla el Anteproyecto a la exoneración de la deuda”, algo que, asegura el Consejo, “dificulta el acceso de los particulares a la segunda oportunidad”.
Considera también el CGAE en sus alegaciones que “debe mediar una disposición normativa que exima del examen a aquellos administradores concursales cuyo conocimiento y experiencia ya ha quedado sobradamente acreditada”, así como abordarse “el desarrollo normativo del estatuto de la Administración Concursal, como órgano esencial del concurso” y que así “se proporcione de una vez por todas a este órgano esencial la necesaria estabilidad y seguridad jurídica”.
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