Como miembro de la Comisión Permanent del Consejo General de la Abogacía Española, el decano del ICAIB ha mantenido hoy una reunión por videoconferencia con el resto de los integrantes de dicho órgano de gobierno para evaluar la aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma y para exigir a los poderes públicos la adopción de cuantas medidas sean precisas para la protección máxima de los letrados que hayan de cubrir los servicios esenciales de la Administración de Justicia.

Así, la Comisión ha acordado exigir de forma inmediata que en la asistencia letrada a los detenidos y a las víctimas de violencia doméstica tanto en sede policial como judicial se faciliten de forma prioritaria tanto los medios telefónicos como videoconferencias, respetando en todo caso la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos y sus letrados. A tal efecto se intentará que todas las asistencias a detenidos se realicen en dependencias judiciales, renunciando al derecho a prestar declaración en sede policial.

En los casos en los que la asistencia no pueda efectuarse por los medios aludidos, y se ha de garantizar que las actuaciones se realicen en dependencias físicas que permitan asegurar las distancias mínimas de seguridad y desinfección de posibles objetos de uso compartido.

De no cumplirse las circunstancias anteriores los funcionarios deberán de proporcionar a los abogados que prestan dicha asistencia de los elementos de protección individual adecuados a la situación sociosanitaria que han sido recomendados, tales como mascarilla, guantes y líquidos desinfectantes.

Las Administraciones competentes suspenderán de oficio la tramitación de los expedientes de Asistencia Justicia Gratuita durante el periodo de vigencia del Real decreto, y se tramitarán una vez éste haya finalizado, exonerando a los profesionales de la tramitación administrativa.

El ICAIB amparará a los profesionales de guardia en caso de conflicto entre la protección de su salud y los requerimientos de órganos judiciales y centros de detención que soliciten su presencia física con riesgo para el letrado.

Enlace al comunicado de la Comisión Permanente