Dado el acuerdo del CGPJ de suspender actuaciones judiciales y plazos procesales, salvo los considerados servicios esenciales de la Administración de Justicia, y a fin y efecto de hacer compatible la defensa de los derechos fundamentales de las personas con la protección máxima de los profesionales de la abogacía que han de cubrir dichos servicios, la Junta de Gobierno del ICAIB realiza las siguientes recomendaciones:

Tanto en sede policial como judicial, priorizar la asistencia telefónica, por videoconferencia o cualquier otro medio no presencial, siempre que ello sea posible y exigiendo el respeto absoluto de la confidencialidad de las comunicaciones.
En los casos en que la asistencia no pueda efectuarse por teléfono o videoconferencia, los letrados han de exigir que las actuaciones que se realicen en dependencias físicas, policiales y/o judiciales, deben de asegurar la existencia de las distancias mínimas de seguridad.
En todo caso, en los centros de detención y en los juzgados se habrá de proporcionar a los abogados que prestan la asistencia los mismos elementos de protección individual distribuidos para los funcionarios y resto de los operadores jurídicos, especialmente los recomendados a nivel sociosanitario (soluciones alcohólicas, guantes, papel desechable…).
En espera de que los poderes públicos atiendan la reivindicación de la abogacía para suspender de oficio la tramitación de los expedientes de Asistencia Justicia Gratuita durante el periodo de vigencia del Real decreto, y habida cuenta de la paralización de los plazos procesales y administrativos, no será necesario entregar la carpeta de solicitud de justicia gratuita en ese momento, posponiendo su cumplimentación y entrega al momento en que desaparezca el riesgo de contagio.
Para cualquier duda o consulta, los letrados podrán llamar o bien a cada sede colegial (en horario de oficina) o bien, durante las 24 horas al teléfono de incidencias (648.113.357).
El ICAIB amparará a los profesionales de guardia en caso de conflicto entre la protección de su salud y los requerimientos de órganos judiciales y centros de detención que soliciten su presencia física con riesgo para el letrado.

Por último, la Junta de Gobierno desea expresar su profundo agradecimiento a los profesionales de la abogacía balear y, especialmente, a aquellos que durante el periodo de vigencia del estado de alarma han de realizar intervenciones letradas para garantizar los derechos de las personas.