El decano y la vicedecana del ICAIB, Martín Aleñar Feliu y Carmen López González, han alertado públicamente de que el requisito de procedibilidad establecido en la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia puede suponer, en la práctica, que muchos usuarios de la Justicia gratuita en las comunidades del llamado ‘territorio común’ queden excluidos de su derecho a la tutela judicial efectiva”.
En rueda de prensa celebrada en la sede de Palma el día 8 de julio, Carmen López y Martín Aleñar explicaron en este sentido que, transcurridos ya tres meses desde la entrada en vigor del requisito de procedibilidad, el Ministerio ni ha articulado ningún sistema para que los usuarios de justicia gratuita puedan acudir a alguno de los métodos adecuados de solución de controversias (MASC) sin coste alguno para ellos ni ha contemplado o establecido un nuevo baremo que permita compensar a los letrados del turno de oficio en caso de que sean ellos quienes asuman esa actuación profesional de negociación previa.
La vicedecana denunció que, al menos hasta el momento, el Ministerio ha dado “la callada por respuesta” a los múltiples requerimientos que le ha formulado el Consejo General de la Abogacía Española para que habilite una solución y evitar, así, que la nueva obligación legal “se convierta en una traba para los ciudadanos con menos recursos” y afirmó que “como siempre, son los letrados quienes están buscando las posibles soluciones que la ley no habilita”.
Asimismo, compartió las palabras que, en similar sentido, pronunció hace unos días el responsable de la Comisión de Justicia Gratuita de Abogacía Española, Ángel Méndez, quien durante las Jornadas de juntas de gobierno celebradas en Jaén aseguró que “Hoy hay dos justicias: una para quien pueda pagarla y otra para quien no pueda hacerlo”. “Es más – añadió- “yo diría que también hay dos justicias gratuitas: la de las comunidades autónomas con competencias en Justicia, que sí se han preocupado y ocupado de garantizar el acceso gratuito de los usuarios a los MASC y la de las comunidades del territorio común, donde nos están dejando completamente desamparados”.