El Pleno extraordinario del Consejo General de la Abogacía Española celebrado, por vía telemática, el domingo 26 de abril, ha acordado reiterar públicamente el rechazo y la oposición de la abogacía “a las medidas que resultando ineficaces perjudiquen a la buena marcha de la Administración de Justicia y resulten lesivas para el ejercicio del derecho de defensa”. Entre ellas, figura la de declarar hábil, en todo o en parte, el mes de agosto, una propuesta que “lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión”, dado que, “difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto”.
De hecho, considera la abogacía, “esta habilitación tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc”. Por ello, el Consejo propone concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto, a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre.
Otro de los puntos del acuerdo es “manifestar y reiterar el compromiso de la Abogacía en la defensa de los intereses de la sociedad española en estos momentos tan difíciles derivados de la crisis del COVID-19, en los que las consecuencias económicas van a exigir redoblar los esfuerzos para conseguir la reactivación de la Administración de Justicia en el menor tiempo posible”..
La abogacía defiende que cualquier medida dirigida al perfeccionamiento y eficacia de la Justicia requiere de la unidad y del consenso de la experiencia compartida de todos los sectores profesionales, pues “solo desde la colaboración entre instituciones (…)se pueden alcanzar los objetivos comunes de normalización y recuperación de la actividad judicial, en la que la Abogacía viene a desempeñar un papel esencial”.
Comunicado del Pleno