El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión de día 14 de marzo de 2023, insistió en evidenciar la gran preocupación de la profesión por los graves perjuicios que este conflicto está produciendo en el derecho a la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía, una huelga “que está generando una situación insostenible para el servicio público de la justicia y consiguientemente, un irreparable perjuicio a decenas de miles de personas”.

Por ello, reclaman a las partes que “intensifiquen al máximo el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de forma inmediata” y que se “establezca un calendario acelerado y continuado de negociaciones encaminado a conseguir, lo antes posible, el acuerdo”.

Asimismo, los integrantes del Pleno instan al cumplimiento efectivo de los servicios mínimos por parte de los LAJS, “atendiendo a consideraciones de pura humanidad en aquellas tramitaciones y actuaciones urgentes que afectan de un modo especialmente grave a la ciudadanía”. Para ello, señalan como fundamental que el Ministerio de Justicia supervise ese cumplimiento de forma efectiva. Del mismo modo, reclaman “que los LAJs apliquen criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una antelación suficiente y, por tanto, nunca inferior a 48 horas”.

Por último, consideran esencial que el Ministerio de Justicia, el CGPJ, la FGE, las Comunidades Autónomas con competencia transferidas y la Abogacía y la Procura preparen de forma proactiva un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia, para su despliegue inmediato tras la resolución de la huelga. Apuestan, también, por establecer “un sistema escalonado de notificaciones de cara a evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía”.

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