Se adjunta al final de estas líneas el comunicado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares en el que el máximo órgano de gobierno colegial expresa su preocupación ante la “incertidumbre, la imprecisión y las dudas” con las que, el próximo 3 de abril, entrará en vigor buena parte de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Los integrantes de la Junta valoran de forma positiva el impulso que el legislador desea otorgar a los métodos adecuados de solución de controversias -MASC- No obstante, reconocen, “su imposición como requisito de procedibilidad y su repercusión en la tasación de costas; la indefinición sobre la forma de justificar y/o certificar esta actividad negocial previa; los diferentes criterios para apreciar el cumplimiento del requisito; o la amenaza del deber de confidencialidad son algunos de los aspectos que más inquietud causan a la abogacía”.
Los miembros del máximo órgano de gobierno colegial destacan que el hecho de que, hasta el momento, “ni el legislador ni el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hayan proporcionado pautas claras y homogéneas sobre el procedimiento a seguir ni sobre el modo de certificarlo, deja abierta la posibilidad a la existencia de múltiples interpretaciones, que pueden ser distintas de un juzgado u otro, en un partido judicial u otro o entre comunidades, lo que aleja al ciudadano y al servicio público de Justicia de los principios de seguridad jurídica y de una Justicia igual para todos”.
Los integrantes de la Junta lamentan, asimismo, que, a pocos días de su entrada en vigor, “no se haya determinado aún el modo en que este procedimiento previo resultará gratuito para los beneficiarios de la justicia gratuita ni cómo se compensará a los letrados que prestan este servicio en caso de que sean ellos quienes asuman la vía extrajudicial”.
COMUNICADO JUNTA DE GOBIERNO DEL ICAIB ANTE LA ENTRADA EN VIGOR DE PARTE DE LA LEY 1