El ministerio de Justicia ha informado, a través del Consejo General de la Abogacía Española, que a partir de marzo librará mensualmente las cantidades correspondientes a las actuaciones de los abogados de Turno de Oficio, una vez hayan sido certificadas por los respectivos Colegios de Abogados.

La abogacía de oficio verá así cumplida una de sus históricas reivindicaciones, como es la referida al pago mensual, que ya ha entrado en vigor tras la publicación, en el BOE, del Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio presupuestario 2018.

El nuevo sistema supone un cambio importante en la forma de presentar las certificaciones, que ahora será mensual (en lugar de trimestral como hasta ahora), y significa un avance en la frecuencia de los pagos por las actuaciones realizadas.

A fin de dar cumplimiento a las instrucciones recibidas, en este mes de marzo se han presentado las certificaciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2018, que contienen las cantidades correspondientes a las actuaciones justificadas durante estos dos meses y que, conforme a la información recibida, se liquidarán por el ministerio lo antes posible.

A partir de este mes y en los sucesivos, la certificación se presentará al Consejo General en los diez primeros días del mes siguiente, incluyéndose en la misma todos los asuntos justificados en el mes natural anterior.

Por otra parte, en fecha 12 de marzo de 2018 el ministerio de Justicia aprobó la subvención para el pago de los asuntos del turno de oficio correspondientes al cuarto trimestre de 2017, de forma que se espera que en los próximos días el Consejo General de la Abogacía reciba la subvención aprobada para su distibución entre los colegios profesionales del llamado territorio común, es decir, de aquellas comunidades autómas que, como las Illes Balears, no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.