Se adjunta al final de estas líneas el RDL 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan nuevas medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, en el que, entre otras novedades, figuran las siguientes:
Ampliación de la cobertura y del plazo de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos de la COVID-19. En un comunicado se explica que se amplía hasta el 30 de marzo la posibilidad de solicitar moratorias y que los hogares, trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores del turismo y el transporte podrán aplazar hasta un total de nueve meses el pago del principal y los intereses de sus préstamos con y sin garantía hipotecaria.
Las moratorias ya concedidas no se verán alteradas, si bien quienes se hayan beneficiado de un aplazamiento anterior podrán solicitar uno adicional por un periodo máximo acumulado entre ambos de nueve meses.
Pensiones: creación de un nuevo complemento vinculado a la maternidad y paternidad para reducir la actual “brecha de género que se produce en las pensiones y que estará asociado a la acreditación, por el progenitor, de un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo/a. En caso de que ambos acrediten o en el supuesto de que no lo haga ninguno de los dos, el derecho se reconocerá a la madre.
Esta compensación será una cuantía fija de 378 euros anuales por cada hijo a partir del primero y hasta un máximo de cuatro y se reconocerá en todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo la jubilación parcial.
Enfermedad profesional.- Se establece la consideración de enfermedad profesional de la COVID-19 para los profesionales que presten servicios en centros sanitarios y socio sanitarios inscritos en los registros correspondientes.
Flexibilización de la unidad de convivencia para acceso al Ingreso Mínimo. Otras de las medidas que contiene el Real Decreto-ley son las destinadas a facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital a personas vulnerables tras una primera evaluación del alcance de la prestación. Así, informan en un comunicado, “se suprime el límite de titulares por vivienda para personas en situación de sinhogarismo o que residen en centros residenciales de carácter no permanente” y se introduce el concepto de unidad de convivencia independiente (familia nuclear) en casos de mujeres víctimas de violencia de género, divorcio o separación, así como afectados por desahucio o inhabitabilidad para permitir el acceso a la prestación.
RDL 3/2021