Se adjunta al final de estas líneas el informe que incluye las alegaciones de Abogacía Española al plan de choque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La concusión preliminar del Consejo es que el Documento de Trabajo sobre Medidas Organizativas y Procesales del poder judicial “es un documento largamente preparado con independencia del estado de alarma y con una inclinación, en ocasiones, a la limitación del acceso de la ciudadanía a la justicia”.
La Abogacía advierte sobre el hecho de que, con carácter general, “muchas de las medidas propuestas responden a situaciones del ámbito de la justicia existentes con anterioridad a la declaración del estado de alarma, sin que sean consecuencia del mismo”. Por este motivo y, dado que “para proceder a efectuar cualquier modificación propuesta por el CGPJ, resultaría imprescindible realizar una reflexión mucho más profunda y detallada, bajo la forma ordinaria de cualquier iniciativa legislativa, con participación de los actores jurídicos, y con los informes preceptivos y vinculantes de los órganos consultivos correspondientes”, el Consejo “rechaza todas aquellas medidas propuestas que son ajenas a la evitación del colapso futuro previsible de los juzgados e instancias judiciales, o ajenas a las consecuencias derivados de este hecho y de la situación derivada de la pandemia del Covid-19”.
En cambio, el CGAE considera primordial que se resuelva, en todos los órdenes jurisdiccionales, el problema que se va a generar por efecto de la paralización actual de la actividad judicial y de la economía, así como del previsible incremento del número de asuntos a ingresar cuando se reanude la actividad.
Informe alegaciones Abogacía Española