Adjuntamos comunicado de la Junta del Gobierno del ICAIB en el que expresa su rechazo a muchas de las propuestas incluidas en el documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial de cara a la elaboración de un plan de choque para la reactivación de la actividad judicial cuando finalice el estado de alarma.

Aun a falta de un análisis más pormenorizado de dicho documento y en espera a la presentación, el próximo martes, del informe que al respecto está elaborando el Consejo General de la Abogacía Española y que incluirá las sugerencias aportadas por las distintas corporaciones colegiales, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), indica en primer lugar que muchas de las propuestas del CGPJ son, en realidad, “reformas normativas y procesales de gran calado y alcance, más o menos encubiertas y sustraídas al necesario debate público, a la búsqueda del consenso con todos los operadores y agentes intervinientes en la Justicia e, incluso, en algunos casos, a la tramitación parlamentaria” y que, suponen, en la práctica, un retroceso en toda regla de los derechos y garantías que el Estado de Derecho proporciona a ciudadanos y profesionales”.

El órgano de gobierno colegial considera, así, que algunas de las medidas formuladas desde el poder judicial, “restringen el acceso de las personas a su derecho a la tutela judicial efectiva en prácticamente todas las jurisdicciones; amplían los supuestos y las cuantías de los juicios verbales; proponen modificaciones estructurales y organizativas de gran afectación y envergadura; plantean la extensión de determinadas prácticas limitativas del derecho constitucional a la defensa; y suponen un desprecio al derecho al descanso de abogados y otros operadores jurídicos”.

Entre otras cuestiones, la Junta considera “del todo inadmisibles las distintas propuestas que se formulan a lo largo de todo el documento de trabajo en aras de, por un lado, reducir, en determinados casos, el derecho a litigar que asiste a los ciudadanos y, por otro, de limitar, de forma muy significativa y mediante un aumento inaudito de las vías coercitivas o a través de sorprendentes propuestas de eliminación directa, la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales en prácticamente todas las jurisdicciones”. Medidas todas ellas, que, a juicio del órgano de gobierno colegial, “es tanto como suponer que los jueces no se equivocan y cercenar en la práctica las opciones de los ciudadanos a defender, mediante el litigio o la oposición, sus derechos y legítimos intereses”.

En otro orden de cosas, la Junta alerta de la existencia en el documento de un nuevo intento de modificar la actual estructura y organización judiciales, dado que se propone extender, en determinados supuestos, el modelo de los llamados juzgados de cláusulas suelo; e incide en que la propuesta de habilitar el mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, eso sí, especificando que ello debe acompañarse “de la racionalización (que no supresión) de las vacaciones de jueces, magistrados, fiscales y funcionarios”, resulta un desprecio absoluto e inadmisible de los derechos al descanso y a la conciliación, no solo de abogados y procuradores, sino también de otros operadores jurídicos y trabajadores al servicio de la Justicia, así como de los propios ciudadanos que deban participar, como parte afectada, testigo, etcétera, en dichas actuaciones.

Advierte también sobre la propuesta de limitar la extensión de los escritos procesales, una medida que no se entiende en qué forma podría contribuir a la agilización judicial; así como de las consecuencias regresivas que, sobre los derechos de las personas, suponen la generalización de las sentencias “in voce”; la celebración de juicios sin vista en determinados casos; y la vasta ampliación de los supuestos que podrían ser objeto del llamado juicio verbal, más rápido, aunque menos garantista.

Frente a estas propuestas, la Junta de Gobierno se alinea al plan de reactivación judicial propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española, y apuesta por cuanta iniciativa tenga por objeto facilitar el teletrabajo de todo el personal al servicio de la Justicia, por un lado; por la activación inmediata de la posibilidad de presentar escritos a través de LexNET y otras plataformas judiciales, que podrían ir tramitándose aun cuando se mantenga la paralización de la actividad y los plazos procesales; y por la realización de trámites y otros actos que no requieren asistencia presencial.

Comunicado Junta