En fecha 28 de marzo representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda y del Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han firmado el acuerdo que ha permitido poner fin a una huelga de más de dos meses que ha provocado la suspensión, en todo el país, de miles de actos procesales y el bloqueo del pago de millones de euros consignados en las cuentas judiciales, con los graves efectos que todo ello ha generado entre abogados y otros operadores jurídicos y, sobre todo, entre los ciudadanos que acuden a la Justicia para defender sus derechos y legítimos intereses.
Según informa el Ministerio de Justicia, se ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para “abordar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial”, y, en este sentido, puntualizan, “también se han atendido las peticiones de los colegios de abogados y procuradores para realizar una notificación escalonada de las resoluciones que se encontraban paralizadas como consecuencia de la huelga”.