Se adjunta al final de estas líneas las alegaciones presentadas por el Consejo General de la Abogacía Española al proyecto de orden ministerial sobre Justicia Gratuita, en las que se insta al ministerio a que los baremos se actualicen anualmente de acuerdo con la evolución del IPC y a ampliar el listado de las actuaciones incluidos en baremo, de modo que ninguna de las que llevan a cabo los profesionales de la abogacía por designación colegial o por requerimiento judicial quede sin abonar, y ello aun cuando le sea denegado al justiciable el derecho a la justicia gratuita.
Entre estas actuaciones se apunta al pago de los gastos de desplazamiento, la reconfiguración del número de guardias precisas en cada partido judicial, los macrojuicios, ampliar las fases de los procesos civiles, introducir las ejecuciones de sentencia o ampliar el número de recursos, entre otras.
El Consejo General pone también de relieve que la propuesta de un incremento del 5% en los baremos de justicia gratuita “supone un serio agravio comparativo con relación a las subidas salariales aprobadas para algunos profesionales de la Justicia”, incrementos que, en algunos casos, recuerda el CGAE, alcanzan el 25%. Es más, añade el documento que mientras las subidas pactadas con otros colectivos tienen efectos de 1 de enero de 2023, “para la Justicia Gratuita no se contempla ningún tipo de efecto retroactivo”.
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