Se adjunta al final de estas líneas el documento de conclusiones del XIII Congreso de la Abogacía Española celebrado del 3 al 5 de mayo en Tarragona, con la participación de más de mil profesionales.
Entre las conclusiones hay un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa, como, entre otras, las referidas a un refuerzo de la presunción de inocencia; al aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido; a la necesidad de una mayor concreción sobre las garantías del secreto profesional; y al establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales.
El documento incluye propuestas específicas en materia de justicia gratuita, para la que se insta a los poderes públicos a promover una nueva ley reguladora. No obstante, y mientras tanto, se propone la inclusión de una disposición final en el texto del proyecto de ley del Derecho de Defensa, para que “se incluyan como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas enjuiciadas penalmente”, y para que se establezca que “La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita será indemnizada en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita”. Se solicita, además, que se establezcan de manera clara y homogénea los criterios para la concesión del beneficio de la justicia gratuita, y que se revaloricen anualmente y se equiparen las compensaciones económicas, de manera que sean iguales en todas las comunidades.
Otras de las conclusiones tratan de la necesidad de regular el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa online; de la realización de un programa formativo al alcance de todos los profesionales; y del establecimiento de los requisitos para diferentes especialidades, aun cuando se subraya que la especialización ni tendrá carácter obligatorio, ni supondrá una reserva de actividad.
Conclusiones XIII Congreso